Más del 70% de nuestro planeta está cubierta de agua, pero sólo el 1% está disponible para el consumo humano. El resto está congelada en las montañas, casquetes polares o presente en la humedad del suelo. Ese 1% de que disponemos para todo el planeta está muy inequitativamente distribuido: una sexta parte de la población mundial (1.100 millones de personas) carece de acceso a agua potable y un 40% de ellos tampoco tiene instalaciones sanitarias adecuadas. Muchos mueren por enfermedades infecciosas a causa del agua contaminada que consumen. En el último Foro Mundial del Agua, celebrado en México en el mes de marzo del 2006, los representantes de todo el mundo dedicaron hermosas palabras de buena fe para con el manejo de los recursos hídricos a nivel mundial, y sobre todo, respecto a la necesidad de establecer mecanismos para asegurar una mejor distribución del elemento. Sin embargo, a la hora de la verdad, no se llegó a un acuerdo sustantivo respecto a declarar o no al agua como un derecho fundamental para todas las personas.

¿Será que no todo el mundo tiene derecho al agua?

El agua es un recurso limitado y vulnerable, del que dependen la vida, el desarrollo de las personas y del medio ambiente. La situación actual es de desequilibrio y mala administración, donde millones de personas padecen por la falta de agua mientras otros tantos millones la despilfarran y/o contaminan de diferentes maneras. No catalogar al agua como un derecho fundamental, creo que es un síntoma preocupante. Si ni el estado ni los privados pueden garantizar el acceso y la calidad del agua para todo el mundo, ¿entonces quién lo hará?

Pareciera que existe miedo de declarar al agua como un derecho inalienable so pena de que el comunismo nos fustigue, y que al invocar la fórmula estemos obligados a repartir gratuitamente el agua para todo el mundo. Sin embargo, es lógico pensar que si se declara al agua como un derecho constitucionalmente protegido, será el estado quien deba garantizarlo a través de mecanismos de control sobre la gestión del recurso. Quién lo gestione (si el estado o los privados) y cómo lo haga, será decisión de cada cual. Lo importante es que la administración y manejo del agua debe ser acordada por los ciudadanos, administradores, políticos y el sector privado; porque todos disfrutamos del bien y nos afecta su carencia y/o déficit. Creo que el temor (o indecisión) a declarar el agua como un derecho inalienable, como la vida o la libertad; es la falta de voluntad política para hacerse cargo de un problema que es más político que económico. En palabras del presidente del Consejo Mundial del Agua Loïc Fauchon:

"Para que haya acceso al agua es necesaria la voluntad política, el problema del acceso y saneamiento del agua no es un problema de dinero, cuando vemos que se dedican 800 mil millones de dólares americanos al armamento"

Podríamos imitar el ejemplo de Uruguay, quienes el año 2004 declararon al agua como un bien colectivo, constitucionalmente protegido. De esta manera, el estado vigilaría una provisión de agua limpia, suficiente y justa para todos los ámbitos en que ella es necesaria: alimentación, industria, energía, consumo, etc... O sea, para toda la vida de una nación, de una cultura, de una comunidad.

Fuentes relacionadas: Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (Unesco), IV Foro Mundial del Agua, México, 2006. Fuente fotografía: Wikimedia Commons.